ESPECIAL

La Caravana de la Muerte fue una comitiva militar que recorrió Chile a comienzos de la Dictadura ejecutando al menos a 93 personas. El grupo viajó por órdenes de Augusto Pinochet torturando y fusilando a trabajadores mineros y agrícolas, profesores, funcionarios públicos, estudiantes, dirigentes y otras personas, con y sin participación política. Algunas de estas víctimas aún se encuentran desaparecidas.

Su recorrido y acciones dan cuenta de una masacre organizada a nivel nacional, sistemática y concertada para sembrar el terror en el país, especialmente de quienes se oponían al régimen. Ha sido objeto de múltiples investigaciones y juicios desde la recuperación de la democracia.

Las acciones de búsqueda y memoria de las comunidades, familiares y organizaciones son testimonio de la importancia de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familiares. Un recordatorio de la necesidad de fortalecer el sistema de justicia, preservar la memoria histórica y garantizar el respeto a los derechos humanos en todo momento. Como sociedad debemos recordar este capítulo de nuestra historia para que nunca más vuelva a ocurrir algo así.

Cómo operó la Caravana de la Muerte

El Golpe de Estado y la restricción de derechos

Con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar suspendió las garantías individuales. Esto implicaba, por ejemplo, que las personas no podían circular libremente en ciertos horarios, la aplicación de la justicia quedó al mando de militares quienes podían intervenir en distintos ámbitos de la vida pública y privada.

A través de los Decretos Ley N° 3, 4 y 5 se estableció el Estado de Sitio, que debía ser entendido como ‘estado o tiempo de guerra’ para la aplicación de la Justicia Militar, y la designación de jefes de zonas militares en todo Chile. Con esto se buscaba, entre otras cosas, tener control sobre el territorio.

El escenario que facilitó la Caravana de la Muerte

Tras el Golpe, se estableció una organización provisoria del país, basándose en la división administrativa de la época, que dividía el territorio en provincias. De este modo, las intendencias y gobernaciones fueron asumidas por el uniformado con mayor rango. Por lo tanto, el Jefe de Zona del Estado de Sitio era, al mismo tiempo, el Intendente y el Juez Militar.

Así, el poder administrativo y la justicia en cada provincia quedaba concentrando en una sola persona, quien tenía a cargo la ratificación de sentencias dictadas por los consejos de guerra, a cargo de impartir justicia. Esto vulneraba un principio fundamental del Estado de Derecho, como es la separación de funciones, para que las instituciones y poderes se controlen entre sí.

Los jefes de zona tenían la facultad de dictar bandos, en los que se solicitaba a las personas partidarias de la Unidad Popular y militantes de izquierda que se presentaran ante las autoridades militares para ser procesadas. Un ejemplo apareció en el Diario La Prensa de Parral, el 25 de septiembre de 1973, en que el Bando Número 30 de la jefatura de zona en Estado de Sitio de la Provincia de Linares hace un llamado a presentarse a 21 personas.

Acelerar procesos fuera de la ley

Tal como lo consignó el titular del diario La Tercera el 18 de septiembre de 1973, el general al mando de la Junta Militar, Augusto Pinochet, había sido enfático: “No habrá piedad con los extremistas”. Al enterarse del trato que algunos jefes de zona les daban a las personas detenidas, envió una comitiva del Ejército a recorrer las provincias, cuya misión oficial era uniformar criterios para la administración de la Justicia Militar y acelerar los consejos de guerra. Esta comitiva, posteriormente sería conocida como La Caravana de la Muerte.

Más allá de lo establecido como misión oficial, la comitiva, que viajó en un helicóptero Puma del Ejército por distintas ciudades del país, realizó procedimientos sin apego alguno a la ley. Los consejos de guerra no se realizaron o fueron desarrollados sólo como un requisito formal, con interrogatorios bajo torturas.

Se ejecutó a quienes estaban en espera de sus condenas, utilizando violencia extrema, desfigurando sus cuerpos para, posteriormente, enterrarlos en fosas comunes o desaparecerlos.

Los jefes de zona y los medios de la época justificaron las muertes, argumentando que las ejecuciones se dieron por intentos de fuga o toma de armas por parte de los detenidos, vinculados al supuesto “Plan Z”. Los sucesos ocurridos aterrorizaron a la población, condicionando también cualquier intento de los militares locales por oponerse a la mano dura ordenada por Pinochet. Con esto, el recorrido de la Caravana no solo dejaba muerte a su paso, sino que también extendía el terror en la población y aseguraba la obediencia de los jefes de zona.

Los vuelos del horror

El general Sergio Arellano Stark fue el líder de la Caravana de la Muerte. Viajó en calidad de Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército, es decir, contaba con las mismas atribuciones de Augusto Pinochet para operar: no necesitaba autorizaciones de superiores.

La comitiva incluyó a otros 9 miembros del Ejército y, a su paso, contó también con la participación de militares locales.

El recorrido partió el 30 de septiembre de 1973 desde el Aeródromo de Tobalaba a bordo de un helicóptero Puma. Se inició un viaje hacia el centro y sur de Chile, en el que se ejecutó a al menos 22 personas, según consignan las condenas judiciales hasta la fecha. Regresaron a Santiago el 6 de octubre del mismo año, para tomar rumbo en dirección hacia el norte del país el día 16 de octubre, ejecutando a 71 personas más.

El regreso definitivo de la comitiva a la capital fue el 22 de octubre, dejando a su paso a 93 personas ejecutadas.

Memoria, verdad, justicia y reparación

Los familiares no tardaron en articularse para exigir conocer el paradero de sus seres queridos, formando colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos dedicadas a recabar información para encontrarlos y exigir justicia. No fue hasta 1990, con la recuperación de la democracia, que se iniciaron procesos de exhumaciones que permitieron la identificación de las víctimas y la realización de procesos judiciales.

A la fecha, se han cursado diversas investigaciones en torno a la Caravana de la Muerte y se ha procesado a 48 miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y 27 militares han sido condenados.

En 1998, se intentó inculpar directamente a Augusto Pinochet por su participación en los crímenes cometidos por la Caravana. El Juez Guzmán Tapia solicitó su detención mientras estaba en Londres siendo interrogado por crímenes de lesa humanidad, pero el proceso fracasó por el estado de salud del entonces senador vitalicio. Su detención en el extranjero impidió continuar con el proceso en Chile. Con su regreso al país, Pinochet fue investigado y acusado formalmente en 2001, solicitándose su desafuero como Senador para procesarlo. La Corte Suprema rechazó la petición alegando que el dictador no estaba en condiciones de salud para ser juzgado.

Pinochet falleció en 2006 sin haber sido condenado por su responsabilidad en el caso Caravana de la Muerte, ni en otros crímenes de lesa humanidad. Sergio Arellano Stark fue condenado en 2008 por el paso de la Caravana por Linares, quedando con arresto domiciliario por motivos de salud. Posteriormente fue procesado por otros crímenes de la Caravana, pero fue sobreseído por su estado de salud. Falleció en 2016 sin haber estado en prisión efectiva. A pesar de ello, otros colaboradores militares fueron procesados y condenados por sus crímenes.

Integrantes de la comitiva

• General Sergio Arellano Stark
• Teniente Coronel Sergio Arredondo González
• Mayor Pedro Espinoza Bravo
• Mayor Carlos López Tapia
• Capitán Marcelo Moren Brito
• Capitán Antonio Palomo Contreras
• Capitán Emilio Robert de la Mahotiere
• Capitán Luis Felipe Polanco
• Teniente Juan Viterbo Chiminelli
• Teniente Armando Fernández Larios